El Real Decreto-ley 15/2025 confirma un nuevo aplazamiento en la implantación de la facturación electrónica obligatoria y del sistema Verifactu. Este retraso responde a la necesidad de ofrecer más tiempo a empresas, autónomos y proveedores de software para adaptarse a un modelo fiscal digital que exige trazabilidad, seguridad e inalterabilidad en la emisión de facturas.
Nuevos plazos oficiales de aplicación
• 1 de enero de 2027: empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades (salvo entidades exentas).
• 1 de julio de 2027: autónomos, profesionales y resto de operadores económicos.
• 9 meses tras la Orden Ministerial: plazo para que los proveedores de software adapten sus soluciones técnicas.
Motivos del aplazamiento de Verifactu
El Gobierno argumenta que la prórroga responde a motivos de extraordinaria y urgente necesidad, dado que muchas empresas todavía no cuentan con sistemas compatibles. Además, la Orden Ministerial que definirá los requisitos técnicos finales sigue pendiente, lo que hacía inviable una implantación inmediata y segura.
Razones del aplazamiento:
• Falta de madurez tecnológica en pymes y autónomos.
• Necesidad de estandarizar especificaciones técnicas definitivas.
• Alto impacto operativo en despachos y asesores fiscales.
• Tiempo adicional requerido por los proveedores de software.
Impacto práctico para empresas y autónomos
Aunque el aplazamiento proporciona más margen, la obligación sigue vigente. Por ello, es recomendable comenzar cuanto antes con la adaptación técnica y organizativa.
Recomendaciones prácticas:
• Verificar el software de facturación y garantizar que podrá cumplir los estándares de integridad y trazabilidad.
• Evaluar proveedores tecnológicos y confirmar que dispondrán de soluciones compatibles con Verifactu.
• Revisar procesos internos relacionados con la emisión, registro y almacenamiento de facturas.
• Formar al personal para facilitar la transición a los nuevos sistemas digitales obligatorios.
¿Qué es Verifactu y por qué será clave en 2027?
Verifactu es el sistema que garantizará que cada factura emitida en España cumpla criterios de integridad, trazabilidad e inalterabilidad. Además, permitirá —de manera opcional— la comunicación automática con la Agencia Tributaria, reforzando el control tributario y modernizando los procesos administrativos de las empresas.
Conclusión
El aplazamiento hasta 2027 ofrece un respiro para todo el tejido empresarial, pero también confirma que la digitalización de la facturación será obligatoria y transformará la gestión administrativa en España. Prepararse con anticipación permitirá a empresas y autónomos adaptarse sin prisas, reducir costes y garantizar un cumplimiento normativo sólido.
